La Marcha por la Familia, Colección Pride en Andares, asesinatos de mujeres transgénero, entre muchos otros sucesos marcan la historia reciente de lo que sucede en Guadalajara con la comunidad LGBT+.

Entre muchxs de nosotrxs lxs foránexs, la comunidad LGBT+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y más) de Guadalajara es reconocida por ser muy grande, así que a pesar de estar en una ciudad considerada como conservadora, existe una diversidad que no se puede negar ni esconder. Pero aunque esta comunidad es numerosa, podemos ver que la convivencia de la misma en la sociedad no es aceptada por todxs. Son muchos los casos de discriminación que se presentan a mayor y menor escala en la ciudad.

Un caso bastante mediatizado fue el de la campaña de Levi’s dentro del local de la misma tienda en el Centro Comercial Andares, llamada Colección Pride. Dicha campaña buscaba ofrecer prendas dirigidas a la comunidad LGBT+. Se dice que la administración del centro comercial pidió que se quitara la publicidad de la vitrina de la tienda, la administración no dio razones pero se entendió como una manera de censura sobre estos temas en el centro. Esto sucedió tan sólo el año pasado (2016). Finalmente se retiró la publicidad pero también hubo una protesta pacífica en frente de este local, esto por parte de personas que estaban en contra de que se retirara dicha publicidad por razones discriminatorias.

Te podrías estar preguntando ahora mismo: ¿por qué esto es discriminatorio hacia la comunidad LGBT+? y ¿qué no es aceptable que un centro comercial privado pueda establecer qué se puede y qué no se puede promover en su establecimiento? En ambas situaciones debemos entender que una manera de discriminar es rechazar que en ciertos espacios públicos o privados se exponga sobre identidades que buscan normalizarse, es decir, si no logramos exponer esto en cualquier tipo de espacio, ¿cómo pretendemos que se vuelva algo aceptado en la sociedad en general? Si no existen espacios de exposición, se sigue orillando a grupos históricamente marginados a mantenerse en lo privado, cosas que muchas personas no tienen por qué mantener privado. Esto último debería ser una decisión individual, no algo que sea socialmente impuesto.

Esto es discriminatorio porque simplemente no permite que esta comunidad sea parte de ciertos espacios de los que sí gozamos lxs demás, no sólo rechaza sino que es una manera de negar su existencia. La no discriminación es un derecho humano universal, y en el caso de México, constitucional. No se debe distinguir entre lo privado y lo público en términos de inclusión, por lo que ser un centro comercial privado no lo exime de ser objeto de crítica por discriminar a un grupo.

Otro caso reciente es el de la Marcha por la Familia, realizada en septiembre del año pasado (2016), donde aproximadamente 275 mil personas asistieron según lxs organizadorxs, pero protección civil reportó que fueron entre 45 mil y 50 mil asistentes (¿a quién hay que creerle?), lxs cuales marchaban contra una iniciativa federal para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí la discriminación se manifiesta al afirmar que los derechos son exclusivos de algunxs y no son para todxs, en este caso el derecho a casarte, y se socializa la idea de que unxs ciudadanxs sí podemos gozar de todos los derechos y otros sólo hasta el punto en que no incomode a lxs demás. No se presentaron muchos casos de violencia física o verbal hacia lxs opositores que se presentaron en esta marcha, pero tampoco debemos olvidar que existe más de una forma de violentar. Es importante mencionar que en respuesta a esta marcha se realizó otra, a favor del matrimonio igualitario y a la cual también asistió un número importante de gente, aproximadamente 25 mil personas.

Los dos casos anteriores, muy mediatizados, exponen ideas que niegan o rechazan los derechos de lxs otrxs, ya sea de manera directa o indirecta, dejando a la comunidad LGBT+ como ciudadanxs de segunda clase, lxs cuales pueden existir pero no pueden convivir en los mismos espacios ni con las mismas libertades. Existen situaciones de este tipo y también violaciones de derechos humanos sistemáticas, que llevan a una persona a cometer un crimen de odio por el simple hecho de que otra persona tenga otra identidad de género u orientación sexual.

En nuestro país existen demasiados casos de mujeres transgénero asesinadas y Guadalajara no es la excepción. Un caso reciente y no muy mediatizado, fue el de Anahí Tapia Llamas, asesinada a balazos a principios de este año en un bar del centro de la ciudad. Algunas asociaciones pidieron que se investigara la posibilidad de que el crimen tuviera un motivo transfóbico pero hasta hoy no existe información pública sobre si esto sí se realizó o no.

Los casos a nivel local, sin mencionar a nivel nacional sobre acciones como la difusión de ideas contra los derechos de la comunidad LGBT+ y acciones de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, son incontables. El gobierno no logra captar la dimensión del problema ni tampoco logra contrarrestar dichas violaciones. Fuera de lo que el gobierno hace o no hace, toca no sólo indignarnos por lo que le pasa a mujeres como Anahí, que a sus 23 años le arrebataron la vida, sino también hablar de ello con otras personas para que el conocimiento de estos hechos no quede en que un par de personas interesadas en el tema sepan y actúen, y así el gobierno se pueda dar el lujo de no investigar a profundidad los hechos.

Tampoco podemos obviar el poder de las palabras, así como el poder de visibilización, debemos garantizar espacios para todxs y garantizar que los discursos que exponemos no inciten al odio y al rechazo de personas que bien, no debería de importarnos lo que hacen con lo que tienen entre las piernas.

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